Las tácticas de la derecha española son, en no pocas ocasiones, la punta de lanza para la extrema derecha internacional. Analizaremos el caso de acusar al Gobierno de cometer fraude electoral o de irregularidades en el proceso cuando el líder de la derecha tiene que justificar una derrota ante su partido, evitando así su desgaste personal, aunque sea a costa de desprestigiar el sistema democrático.
Hoy es Su Excelencia Feijóo, haciendo de corifeo de su jefa, la Excma. Sra. Ayuso, quienes ponen en duda la limpieza del voto por correo y, de esa forma, se crean una cobertura en caso de perder las elecciones. Pero esto, que es un comportamiento habitual de la derecha en los últimos años, tiene un antecedente. En política, como en el amor, siempre hay una primera vez; pero en política, a diferencia de lo que ocurre en el amor, la tendencia es a olvidar esa primera vez.
Por esta razón voy a colaborar a solucionar esa pérdida de memoria que tiene la derecha española, todo con la buena intención de ayudarles a recuperar tan preciado don, aunque una vez, no sé dónde, leí que en España todo es posible menos tener memoria. De otro lado, este recuerdo servirá para demostrar que a estos ilustres les gustaba la fruta desde antes de que en la Tierra aparecieran los frutales. Quizás esto no consuele demasiado a Sánchez, pero le hará comprender lo inevitable de lo que está escrito en piedra: no perdonan que nadie que no sean ellos esté en la Moncloa; a ellos, por derecho divino y genética, les corresponde ese digno ejercicio que no está hecho para descamisados.
Una victoria anunciada antes de contar los votos
El domingo 6 de junio de 1993, España celebraba unas elecciones generales especialmente disputadas. Felipe González aspiraba a renovar su mandato después de más de diez años al frente del Gobierno, mientras José María Aznar encabezaba un Partido Popular convencido de que había llegado el momento de la alternancia.
La campaña había transcurrido en un ambiente de fuerte confrontación política. Los sondeos alimentaban la posibilidad de que el PSOE perdiera el Gobierno.
Apenas habían cerrado los colegios electorales cuando Javier Arenas, vicesecretario general del PP y coordinador de su campaña, compareció ante los periodistas. Eran aproximadamente las ocho y treinta y cinco de la tarde.
«Todas las impresiones nos llevan a pensar que el PP ha ganado las elecciones», declaró, según recogió aquel mismo día la agencia Servimedia.
Su optimismo se apoyaba en las encuestas difundidas por los medios de comunicación y en los estudios internos del partido. Sin embargo, todavía no existían resultados oficiales suficientes para sostener aquella conclusión.
El llamamiento a los interventores
En aquella primera comparecencia, Javier Arenas realizó una petición a los representantes de su partido en las mesas electorales.
La crónica de Servimedia del propio 6 de junio documenta que pidió a interventores y apoderados que extremaran su vigilancia y aplicaran la máxima diligencia durante el recuento. Arenas justificó el llamamiento señalando que algunos escaños podían decidirse por diferencias muy pequeñas de votos.
También manifestó su sorpresa porque todavía permanecieran abiertos determinados colegios electorales.
Es necesario introducir aquí una distinción fundamental: pedir a los interventores que vigilen un escrutinio es una actuación perfectamente legítima. Precisamente para eso existen los interventores y apoderados electorales.
La cuestión adquiere otra dimensión cuando ese llamamiento se produce en un contexto en el que los dirigentes políticos comienzan a cuestionar públicamente aspectos de la regularidad del proceso.
Cuando los resultados cambiaron el relato
A medida que avanzaba el escrutinio, las expectativas iniciales del Partido Popular comenzaron a desvanecerse. Los datos provisionales mostraban que el PSOE estaba obteniendo mejores resultados de los previstos.
Pasadas las once de la noche, Javier Arenas compareció nuevamente ante los medios, esta vez acompañado por Alberto Ruiz-Gallardón.
Según la crónica publicada por El País el 7 de junio, ambos dirigentes cuestionaron la selección de porcentajes de voto escrutado presentada públicamente por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, por considerar que transmitía una impresión favorable al PSOE.
Los representantes populares anunciaron que solicitarían aclaraciones a la Junta Electoral Central, tanto por la comparecencia del ministro como por la prolongación de las votaciones en determinados colegios.
Rodrigo Rato también manifestó su malestar por la evolución de los resultados y por los problemas registrados en el censo electoral.
Una irregularidad administrativa no demuestra necesariamente un fraude electoral, del mismo modo que cuestionar la comunicación de los resultados no equivale a demostrar que se hayan manipulado los votos.
Los problemas del censo fueron reales
Sería históricamente incorrecto presentar todas las protestas de aquella noche como carentes de fundamento. Las elecciones de 1993 registraron problemas censales importantes.
Según publicó El País el 7 de junio, las juntas electorales acordaron prolongaciones del horario de votación en diferentes localidades de Sevilla, Almería, Granada y Gran Canaria. También se produjeron incidencias en Valencia y otras provincias.
Miles de ciudadanos encontraron dificultades para ejercer su derecho al voto porque no figuraban correctamente inscritos en el censo. Estas incidencias motivaron reclamaciones de diferentes formaciones políticas, no exclusivamente del Partido Popular.
La existencia de errores censales constituye un hecho verificable. Otra cuestión distinta es determinar si esos errores respondieron a deficiencias administrativas, si afectaron de manera desigual a determinados electorados o si existió alguna actuación deliberada. Para afirmar esto último serían necesarias pruebas adicionales.
La sospecha sobre los resultados oficiales
Uno de los aspectos más relevantes de aquella noche fue el cuestionamiento de la información ofrecida por el Ministerio del Interior. El PP no se limitó a reclamar mayor vigilancia de las mesas. Sus dirigentes pusieron en cuestión la forma en que se estaban comunicando los resultados provisionales.
El hecho tiene importancia política porque, en una democracia, la confianza pública en las elecciones depende tanto de la integridad del procedimiento como de la credibilidad de las instituciones encargadas de administrarlo.
Es legítimo fiscalizar al Gobierno, exigir transparencia y reclamar explicaciones a los organismos electorales. Pero también existe una responsabilidad especial de los dirigentes políticos cuando formulan sospechas ante millones de ciudadanos.
Por eso conviene distinguir entre solicitar una aclaración, denunciar una irregularidad comprobada y acusar de fraude electoral. Son tres niveles diferentes de afirmación y cada uno exige un respaldo probatorio distinto.
Una reclamación posterior de Izquierda Unida
El episodio tuvo además una prolongación que ayuda a comprender las dificultades de aquella noche electoral.
El 17 de junio de 1993, Servimedia informó de que la Junta Electoral Central había solicitado explicaciones al Ministerio del Interior por una queja presentada por Izquierda Unida.
IU sostenía que, durante aproximadamente media hora, se había interrumpido la recepción de datos del escrutinio provisional en los terminales disponibles para los partidos políticos, mientras el Ministerio continuaba disponiendo de información.
Este antecedente demuestra que las dudas sobre la gestión informativa de aquella noche no fueron exclusivas del PP. Sin embargo, la existencia de una reclamación tampoco constituye por sí misma prueba de ocultación deliberada ni de alteración del resultado electoral.
Para llegar a una conclusión definitiva sería necesario conocer la respuesta del Ministerio y las actuaciones posteriores de la Junta Electoral Central.
El desenlace electoral
Finalmente, el PSOE ganó las elecciones generales con 159 diputados, frente a los 141 obtenidos por el Partido Popular.
Felipe González pudo continuar al frente del Gobierno, aunque perdió la mayoría absoluta de la que había disfrutado en legislaturas anteriores.
El PP experimentó un crecimiento electoral muy importante, pero no consiguió la victoria que sus dirigentes habían anunciado prematuramente. José María Aznar terminó aceptando públicamente los resultados.
Aquella noche dejó dos realidades simultáneas: un avance considerable del principal partido de la oposición y una serie de cuestionamientos sobre determinados aspectos del procedimiento y de la difusión del escrutinio.
La memoria selectiva de las sospechas electorales
Han transcurrido más de tres décadas desde aquellas elecciones. El episodio permite recordar que las controversias sobre censos, escrutinios y comunicación de resultados no son exclusivas de la política española reciente.
También plantea una cuestión que debería aplicarse con idéntico criterio a todos los partidos: ¿qué grado de prueba debe exigirse a un dirigente político antes de poner públicamente en duda la regularidad de unas elecciones?
La respuesta no debería depender de quién gobierne ni de quién ocupe la oposición.
Denunciar irregularidades verificables es un derecho y, en determinadas circunstancias, una obligación democrática. Solicitar aclaraciones a la Administración electoral también lo es.
Pero sugerir que el adversario político puede estar alterando el resultado exige una prudencia y un fundamento especialmente rigurosos.
En el caso de Javier Arenas, las fuentes contemporáneas acreditan su llamamiento a los interventores, su sorpresa ante la prolongación de las votaciones y el cuestionamiento posterior de la presentación del escrutinio.
No permiten, en cambio, atribuirle sin más una acusación literal de fraude electoral consumado. Esa precisión no resta interés al episodio. Al contrario, permite comprenderlo sin exageraciones ni omisiones.
Una lección de 1993
La noche del 6 de junio de 1993 muestra cómo pueden convivir, en unas mismas elecciones,
incidencias administrativas reales, expectativas políticas equivocadas y cuestionamientos públicos sobre el procedimiento.
El control electoral es una garantía democrática. Las reclamaciones fundadas contribuyen a mejorar el sistema.
Pero la legitimidad de una elección no puede depender de que su resultado coincida con las expectativas de quienes participan en ella.
La historia de aquella noche merece recuperarse, no para convertir retrospectivamente una protesta en un delito que no se ha demostrado, sino para recordar que las palabras de los dirigentes políticos tienen consecuencias sobre la confianza ciudadana en las instituciones.
Y que la exigencia de pruebas debe ser la misma para todos, eso sí el Sr. Corcuera y el Presidente González, al contrario de lo que ocurre en el amor, olvidaron pronto. Pero no importa, la función debe continuar.
Fuentes documentales
1. Servimedia, 6 de junio de 1993. «Elecciones 93. Arenas: Tenemos la impresión de que el PP ha ganado». https://www.servimedia.es/noticias/elecciones-93arenastenemos-impresion-pp-ha-ganado/1410804434
2. El País, 7 de junio de 1993. «Aznar: La hegemonía socialista ha terminado». https://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404050_850215.html
3. El País, 7 de junio de 1993. «Errores del censo obligan a prorrogar el horario de votación en cuatro provincias». https://elpais.com/diario/1993/06/07/espana/739404006_850215.html
4. Servimedia, 17 de junio de 1993. «La Junta Electoral exige a Interior una explicación por la supuesta ocultación de datos la noche del 6-J». https://www.servimedia.es/noticias/junta-electoral-exige-interior-una-explicacion-supuesta-ocultacion-datos-noche-6-j/1410 805917
Nota documental: no se ha verificado el expediente completo de la Junta Electoral Central ni la resolución definitiva de las reclamaciones citadas.
Juan Bosco Trigueros Galán
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